Documentación sobre la Ley de Universidades

Los aspectos principales de la Ley se pueden resumir en los siguientes puntos:

El objetivo de la ley es mejorar la calidad del sistema universitario
Se establece un sistema de selección del profesorado más abierto, competitivo y transparente que garantice el mérito y la capacidad.
Se establecen mecanismos para impulsar el desarrollo de la investigación.
Facilita que la gestión de la Universidad sea más ágil y eficaz.
La ley introduce mecanismos de evaluación de la calidad que se desarrollarán a través de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad.
Se impulsa un mayor acercamiento entre la Universidad y la sociedad.
Se refuerzan las competencias de los Consejos Sociales para que el conjunto de la sociedad participe más activamente en la vida universitaria.
La Ley prepara al sistema universitario español para su incorporación al espacio universitario europeo.

OBJETIVOS DE LA REFORMA

El objetivo de la reforma es mejorar la calidad en todas las áreas de la actividad universitaria. Ello es básico para formar a los profesionales que la sociedad necesita, desarrollar la investigación, conservar y transmitir la cultura enriqueciéndola con las aportaciones creadoras de cada generación y, finalmente, constituir una instancia crítica y científica, basada en el mérito y en el rigor, que sea un referente para la sociedad española. Con esta reforma se crean las condiciones apropiadas para que los agentes de la actividad universitaria impulsen y desarrollen aquellas dinámicas de progreso que promuevan un sistema universitario más competitivo y con mayor calidad. De ello se derivará un mayor bienestar económico y social para la sociedad española.

En definitiva, este proyecto de Ley es un marco innovador, abierto y flexible que proporciona a las universidades las soluciones normativas más adecuadas para que puedan responder, teniendo en cuenta sus distintas características, a sus necesidades presentes y futuras, siempre con el objetivo y horizonte de la mejora de la calidad y la excelencia del desarrollo de la actividad universitaria como factor dinamizador de la sociedad a la que sirve y de la generación de confianza de los ciudadanos en las instituciones de enseñanza superior.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Uno de los objetivos del proyecto de Ley es facilitar una gestión más ágil y eficaz de las universidades. Por esta razón se establece una diferenciación clara entre los órganos de dirección y gestión y los órganos de representación y supervisión de las universidades.

Consejo de Gobierno: como máximo órgano de gobierno de la Universidad, le corresponderá la aprobación de las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad en lo que se refiere a los recursos humanos, investigación, organización de las enseñanzas, recursos económicos y elaboración de los presupuestos. Tendrá como miembros natos al Rector (que lo presidirá), al Gerente y al Secretario General. El Consejo de Gobierno tendrá un máximo de 40 miembros elegidos un 30% por el Rector, un 40% por el Claustro y el 30% restante, según los Estatutos, de entre decanos, directores de Escuelas, Institutos, etc. Además formarán parte del Consejo de Gobierno el presidente y dos representantes del Consejo Social.
Rector: se refuerza la figura del rector. Se rediseñan sus competencias y las de su equipo de gobierno. El Rector será elegido por la comunidad universitaria mediante sufragio universal, libre y secreto, con una ponderación de voto que representará adecuadamente a los distintos sectores de ésta.

Junta Consultiva: Para lograr un mejor desarrollo de las funciones que se encomiendan al equipo de Gobierno, éste contará con una Junta Consultiva, que tendrá funciones de consulta y asesoramiento. Estará constituida por profesores e investigadores de reconocido prestigio, con méritos docentes e investigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones positivas.

Consejo Social: El proyecto de Ley de Universidades refuerza las competencias y funciones del Consejo Social para que perfeccione el cumplimiento de las tareas de supervisión y de rendición de cuentas de la Universidad. Estas competencias son, entre otras: supervisión de actividades económicas; aprobación del presupuesto y programación plurianual; dar conformidad a la propuesta del Rector para el nombramiento del Gerente; acordar complementos retributivos del profesorado; supervisión del desarrollo y ejecución de los presupuestos; y aprobar la creación de Fundaciones y otras personas jurídicas. Por Ley de la Comunidad Autónoma se regulará la composición y funciones del Consejo Social, del que serán miembros el Rector, el Secretario General y el Gerente, además de un profesor, un estudiante y un representante del personal de administración y servicios.

Claustro: órgano de representación que estará presidido por el Rector. Le corresponderán, entre otras funciones, la elaboración de los estatutos, la elección del 40% del Consejo de Gobierno y, además, tendrá la potestad de ejercer control sobre el Rector, y en determinados casos proponer la convocatoria de elecciones. El Claustro tendrá una composición mayoritaria de profesores funcionarios doctores (51%), quedando el 49% restante según determine cada Universidad en sus estatutos.

HABILITACIÓN PARA ACCEDER A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

El proyecto de Ley de Universidades establece un proceso de selección del profesorado más abierto, competitivo y transparente, que garantiza el mérito y la capacidad.

De esta forma, el anteproyecto establece la prueba de la habilitación para acceder al cuerpo de funcionarios docentes. La evaluación de los candidatos será llevada a cabo por una Comisión que estará compuesta por siete miembros, elegidos por sorteo y con méritos de investigación reconocidos.

Los candidatos que superen estas pruebas de calidad quedarán así habilitados para acceder a una plaza universitaria. Esta acreditación facultará para participar en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, que convocarán las universidades. Para este proceso de selección en cada universidad, se exige que los miembros de las comisiones de acceso a las plazas deberán reunir los mismos requisitos de investigación que los integrantes de las Comisiones de Habilitación.

Con este sistema quedará garantizada la autonomía de las universidades, pues serán éstas las que, con los procedimientos que ellas establezcan, elegirán a sus profesores de acuerdo a sus programas, necesidades e intereses. El nuevo sistema garantizará además la calidad del profesorado, pues las universidades elegirán entre aquellos que hayan sido acreditados.

A estas pruebas de acceso a las universidades podrán concurrir también los que ya pertenecen a los cuerpos docentes, algo que propiciará la movilidad entre universidades.

PROFESORADO

En cuanto a la composición del profesorado, la norma articula un adecuado equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. Las universidades podrán contar con la docencia de profesores funcionarios y de profesores contratados, si bien el nuevo texto establece que siempre habrá un mayor número de profesores funcionarios que de profesores contratados.

Otro de los objetivos de la Ley es garantizar el adecuado equilibro de las funciones docente e investigadora que definen y conforman la esencia del profesor de universidad. Para ello, se comienza por una primera categoría de ayudante, contratado por un máximo de cuatro años entre aquellos que ya hubieran cursado los créditos de doctorado, cuya finalidad principal será la de completar su formación científica. El siguiente paso será el profesor ayudante doctor, contratado también por un máximo de cuatro años. El proyecto establece que para acceder a la categoría de profesor ayudante doctor se requiere una evaluación externa positiva y será necesario no haber tenido vinculación con la universidad contratante en los dos años anteriores. Con este requisito se persigue propiciar al máximo la movilidad.

Por otra parte, se crea la figura del profesor contratado doctor, que desarrollará tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación. Esta figura, llamada a tener una especial relevancia en el contexto universitario, estará reservada a los doctores que acrediten al menos tres años de actividad postdoctoral docente e investigadora, o prioritariamente investigadora, y hayan recibido una evaluación externa positiva.

Los profesores asociados serán contratados a tiempo parcial.